En
cuanto al Estado, este debía dirigir la economía, velar por la seguridad del
pueblo, ser el ámbito donde los distintos intereses sociales negociaran y
dirimieran sus conflictos. Esta línea implicaba una reestructuración de las
instituciones republicanas, una desvalorización de los espacios democráticos y
representativos y una subordinación de los poderes constitucionales al
Ejecutivo, lugar donde se asentaba el conductor, cuya legitimidad derivaba
menos de esas instituciones que del plebiscito popular.
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